Por 137 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 29 que solicita al Presidente de la República que instruya al Ministerio de Justicia la elaboración de un proyecto de ley que cree los Tribunales de Ejecución de Penas.
Los parlamentarios describen en el texto que existe la necesidad de establecer controles sobre la actividad penitenciaria. “Se trata de controlar una esfera de la actuación estatal que deba ser sometida al control de la legalidad de sus actos, como cualquier otro organismo del Estado”, indicaron.
En definitiva, explicaron, se estima conveniente que la labor contralora de la ejecución sea llevada por un órgano jurisdiccional diferente de los jueces que dictaron la sentencia condenatoria, especialmente encargados de controlar la ejecución de las sentencias penales.
Sin embargo, aclararon que se ha insistido por la doctrina, que el juez de ejecución debe ser un representante del Poder Judicial, siendo indispensable trazar una nítida diferencia entre el ámbito administrativo-penitenciario y el ámbito propiamente jurisdiccional, siendo estos jueces de ejecución penal, órganos jurisdiccionales y no agentes administrativos.
La resolución fue presentada a la Cámara por los diputados René Saffirio (IND), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Jaime Mulet (FRVS), Esteban Velásquez (FRVS), Carmen Hertz (PC), Hugo Gutiérrez (PC) y Pedro Velásquez (IND).
