Por siete votos a favor y seis en contra fue aprobado el informe de conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de evaluar las acciones de fiscalización de organismos del Estado por la situación que afectó a la isapre Masvida.
El grupo parlamentario tuvo a la vista dos propuestas de conclusiones: una planteada por la presidenta de la instancia, diputada Jenny Álvarez (PS), y complementada con observaciones del diputado Vallespín (DC); y otra presentada por los diputados Karla Rubilar (IND), Leopoldo Pérez (RN) y René Manuel García (RN).
Al momento de la votación, el texto de la Nueva Mayoría logró imponerse, en tanto que el documento planteado por la oposición fue rechazado por seis votos a favor y siete en contra.
El diputado René Manuel García lamentó el hecho y criticó la postura del oficialismo.
“A nosotros nos interesaba que se aclarara la verdad, qué es lo que había pasado a los trabajadores con las platas como se habían ocupado; qué responsabilidades tenía la gente que se habían hecho cargo de Masvida…, pero al final aquí primó lo de siempre. O sea, ellos defendían la parte política y nosotros defendimos a los trabajadores y los intereses de todos los chilenos. Entonces, de verdad, de antemano ya se sabía la votación”, puntualizó.
El diputado Patricio Vallespín, junto con lamentar que no se llegara a un acuerdo en la materia, refutó las observaciones realizadas por la derecha y remarcó que no fue posible acoger una propuesta débil en materia de recomendaciones y con acusaciones que van más allá de los hechos.
“Se acusa a la autoridad de responsabilidad absoluta, de negligencia inexcusable y abandono de deberes, nos parece que es completamente exagerado a la luz de los antecedentes que nosotros revisamos. Acá jamás se pasaron a llevar los indicadores que establece la norma para declarar o no la situación negativa o no de una isapre. Lo que se ve más bien acá es un problema entre privados que no hicieron bien sus tareas; que no hubo la responsabilidad ética del actuar y, por otra parte, una debilidad de la institucionalidad que, efectivamente, hay que mejorar”, planteó.
En dicho sentido, sostuvo que los informes se pueden comparar en cuanto a solidez y pertinencia de las recomendaciones que se hacen para que esto no se vuelva a repetir, en término del patrimonio que deben tener las isapres para constituirse; en términos de los indicadores que deben seguirse para su evaluación pertinente; de cómo unos son más prioritarios que otros y siempre pensando en la prestación del servicio a los usuarios.
En todo caso, consideró que era razonable reconocer que hubo, quizás, un involucramiento desmedido de la autoridad, “que puso sobre sus hombros responsabilidades que iban más allá de lo prudente”, pero pensando en que no existieran problemas mayores para los usuarios. “En ese sentido, creo que asumió un riesgo exagerado, pero que fue al revés de lo que se decía, abandono de deberes o negligencia, todo lo contrario”, enfatizó
Datos de los informes
El texto aprobado por la Comisión considera un marco de antecedentes recibidos en las 18 sesiones celebradas o recolectados por la vía de oficios de fiscalización. En este contexto, se pasa revisión a la normativa atingente al caso, datos sobre los hechos que motivaron el inicio de las indagatorias y el actuar de los organismos públicos y privados involucrados.
En su parte final, el informe avanza en el cuerpo de conclusiones donde se remarca que la Superintendencia de Salud no cayó en falta en su actuación. De hecho, se plantea que el organismo realizó una serie de acciones durante los años 2016 y 2017 tendientes a prevenir más allá inclusive del mero deber que por norma le correspondía.
Para los legisladores, da cuenta de lo anterior el hecho que, aun sin un incumplimiento de estándares legales, se decretó, por primera vez en su historia como órgano fiscalizador, un Plan de Ajuste de carácter preventivo.
Se recuerda también que la propia institución cursó un sumario al exjefe de Fiscalización, por sus falencias en la revisión de los estados financieros de la isapre y por ocultar un vínculo familiar con uno de los directores de Masvida.
Los legisladores estimaron que no fueron lo suficientemente probadas las acusaciones realizadas por Clínicas de Chile A.G., relativas a una falta de servicio por parte de la Superintendencia por no haber enterado las garantías necesarias para cubrir las deudas reales que la aseguradora mantiene con los prestadores.
Para los diputados, las acusaciones se basan en apreciaciones personales de los miembros del gremio.
Si bien los parlamentarios reconocen el espíritu que motivó al Superintendente Sebastián Pavlovic a tomar la determinación de seguir liberando garantías a fin de hacer más atractiva la compra de la cartera de afiliados por un eventual nuevo socio, consideraron que tomó un riesgo muy alto, toda vez que, “confiando en los procesos de negociación entre privados, dilató el resultado de incumplimiento de indicadores legales de forma infructuosa, ya que, al final de cuentas, igualmente la isapre cayó en insolvencia e incumplimiento de garantías”.
En otro punto, se estimó necesario que la Superintendencia intensifique sus investigaciones en torno a la prohibición de integración vertical; al tiempo que se restó de responsabilidades al Ministerio del Trabajo y a la Dirección del Trabajo respecto de la situación de los trabajadores de la isapre.
En contraposición, el texto de minoría determinaba que existió negligencia inexcusable y notable abandono de deberes por parte de la Superintendencia de Salud, en particular en las personas del Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, y de la intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, Nydia Contardo.
Además, se consideraba que existió clara responsabilidad de los directivos y administradores de la antigua isapre, quienes realizaron una administración desleal del patrimonio y posibles delitos correlacionados que dieron origen a esta crisis.
En su marco de recomendaciones, los diputados de oposición solicitaban que la Contraloría General de la República tuviera a bien fiscalizar el proceso administrativo y financiero en que incurrió la Superintendencia en todo el seguimiento, fiscalización e intervención de la isapre Masvida a fin de poder determinar las responsabilidades administrativas.
Además, se planteaba derivar el informe a la Fiscalía de Alta Complejidad a fin de que sirva de insumo para tosas las investigaciones penales abiertas en la materia.
