Junto al contrato para salvavidas, las comisiones también analizaron un régimen tributario especial para feriantes y la protección de los defensores del medioambiente.

A través de un acuerdo la Corporación alertó sobre las dificultades que enfrentan los tribunales, particularmente de la región de Coquimbo por el recorte presupuestario. Además, la Cámara respaldó cinco resoluciones para pedir acciones del gobierno en materia de tarifas eléctricas y seguridad aeroportuaria, entre otros puntos.

Las iniciativas establecen, entre otros temas, derechos lingüísticos de los pueblos originarios, un sistema de identificación y registro de mascotas y cambios al Sernac.

La comisión aprobó parte del articulado de la normativa, quedando pendientes algunas de sus disposiciones para la próxima sesión. Igualmente, se postergó para una nueva jornada la votación del proyecto que agiliza trámites de permisos de urbanización y edificación, al cual el Ejecutivo ingresó un paquete de indicaciones.

Dentro del plazo, la exministra de Defensa remitió por escrito a la Cámara su contestación al libelo presentado por un grupo de 10 diputados y diputadas, que la acusan de infringir el artículo 37 bis de la Constitución Política. La Sala de la Cámara está citada el próximo miércoles 27 de marzo para discutir y votar la acusación.

La iniciativa que trabaja la Comisión de La Familia prohíbe a deudores efectuar apuestas o acceder a recintos de ese tipo. Las y los diputados aspiran al patrocinio del Gobierno para darle mayor viabilidad a la propuesta.

El proyecto, en segundo trámite, ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Defensa. Para su presentación, se contó con la asistencia del subsecretario del Interior, Luis Cordero. La instancia también despachó el proyecto que establece un subsidio a la tasa de interés hipotecario para la adquisición de viviendas nuevas.

Diversos gremios manifestaron ante la comisión de OOPP sus críticas por la tardanza del reglamento que establece la aplicación de la normativa. Desde el Ejecutivo se comprometió el reingreso del documento la próxima semana a Contraloría.

La constitución de este acuerdo fue foco central de la 28ª Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta Unión Europea - Chile, que se desarrolló ayer en dependencias del Congreso Nacional, en Valparaíso.

La iniciativa, remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley, permite que los poseedores materiales de bienes raíces, rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a mil UTM, que carezcan de título inscrito, puedan solicitar que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes.