CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Una muy positiva evaluación expresaron los patrocinantes y asistentes del Seminario sobre adecuaciones normativas en discapacidad e inclusión social, evento que se celebró ayer (martes 21) en el Salón de Honor del Congreso Nacional y que logró definir un conjunto de conclusiones que serán analizadas por la autoridad parlamentaria y ejecutiva para fomentar políticas en beneficio de este sector de la población.

El encuentro, al cual asistieron cerca de 200 representantes de la sociedad civil y política, estuvo organizado por la Comisión de Superiación de la Pobreza, Planificación, Desarrollo Social y Discapacidad de la Cámara de Diputados, en conjunto con el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

El presidente de la Comisión de Pobreza, diputado Enrique Accorsi (PPD), resaltó el gran éxito del encuentro y reconoció la importancia de abrir espacios de participación en el Congreso Nacional para la gente, para abordar temas de su interés. Informó que el trabajo se realizó a través de cuatro mesas de trabajo que evacuaron conclusiones específicas, de alto contenido y que van a ser un aporte para la labor parlamentaria.

Estimó que aún falta mucho por avanzar en el tema de la discapacidad en nuestro país y que se hagan valer los derechos de estas personas, las cuales plantearon en el encuentro la necesidad de ser vistas como el resto de los chilenos, con las mismas oportunidades en los distintos ámbitos como son la salud, la vivienda, la educación y el empleo.

Consideró que uno de los temas esenciales por abordar en Chile es el del transporte. “Tenemos que tener una política de transporte hacia el mundo del adulto mayor y personas con discapacidad. Los estamos aislando. La gente necesita ir a tratamiento a los hospitales o consultorios, hacer sus trámites y no tienen los recursos. Creemos que es posible entregar un subsidio y empezar con los que tienen el carnet del SENADIS y, de esa manera, ir fortaleciendo a la institución porque muchos se acercarían para acceder a ese subsidio”, planteó.

La directora Nacional del senadis, María Ximena Rivas, también se mostró muy satisfecha por el resultado del encuentro y destacó el ambiente constructivo de los asistentes en pos de ir perfeccionando la norma. “Se nota que estamos todos por andar hacia el mismo camino. Es un diálogo constructivo que nos sirve a nosotros para identificar el orden de prioridades que debemos instaurar en nuestro trabajo”, acotó.

Resaltó que, dado el éxito del evento, surgió la idea de replicarlo año a año, planteando cada vez un tema que esté en ese momento en la contingencia.

Sostuvo que algunos de los temas indicados por la concurrencia ya están siendo analizados por el Ejecutivo y que, incluso, algunos están en aplicación, como es el ensanchamiento de los dinteles de entrada de las viviendas sociales a 80 cm, con el objeto de permitir el paso de sillas de ruedas. Sin embargo, reconoció que queda mucho por perfeccionar, particularmente en materia de salud y educación.

El diputado Jorge Sabag (DC) valoró el perfil desarrollado en el seminario, estimando que hubo un avance significativo respecto de un encuentro anterior, en donde los oradores fueron principalmente el Ejecutivo y los parlamentarios. “Ahora fue el turno de las organizaciones de discapacitados, que a través de los grupos de trabajo expusieron sus preocupaciones. De hecho, nos faltó tiempo por el gran interés demostrado”, enfatizó.

Consideró que hubo conclusiones muy interesantes que pueden ser líneas de acción legislativa, como facilitar el cumplimiento de ciertos derechos esenciales. Recordó que ya hay vigente algunas normas que buscan garantizar, por ejemplo, el acceso a la educación, pero estimó que falta fiscalización para que ello se cumpla a cabalidad.

Conclusiones

El grupo A tuvo como principal punto de debate los problemas prácticos que se enfrentan con la discapacidad. En este ámbito, los participantes concordaron en que es necesario una mayor fiscalización y postularon la posibilidad de convertir al Senadis en una Superintendencia, con facultades de fiscalización y sanción.

También criticaron falta de empatía de la población, es decir, ponerse en el lugar de la persona con discapacidad; generar normas de construcción inclusivas; mejorar el trabajo intersectorial; y diseñar circuitos de desplazamiento en las calles con acceso a personas con discapacidad.

El grupo B, que se abocó al tema de la transición de la educación al trabajo, determinó la existencia de variadas barreras, desde las culturales, en donde estimaron necesario un cambio de mentalidad, eliminando prejuicios y mitos, a la falta de planes y estrategias que potencien la empleabilidad.

Además, estimaron necesario reglamentar temas como la inclusión, salario y accidentes laborales y definir una eventual ley de cuotas o subvención para el desarrollo de tecnologías de bajo costo. Asimismo, establecer la obligatoriedad de la inclusión en la educación privada, en sus distintos niveles y considerar la variable de la discapacidad en la formación de todos los profesionales.

El grupo C se focalizó en analizar el acceso a la salud y prevención, rehabilitación y protección social. Dentro de sus consensos se reconocieron dificultades en el acceso, principalmente en comunidades rurales; falta de financiamiento estatal para las políticas que benefician al mundo de la discapacidad; considerar detalles en la atención cotidiana (adaptar camillas medicas y otros implementos); eliminar barreras de edad (24 años) para acceder a beneficios sociales o para obtener derechos a pensión (hasta 18 años).

También se propone que todos tengan acceso a bonos de libre elección; que no haya restricción para quienes obtienen subsidio de discapacidad mental y pensión básica solidaria; que la protección social sea transversal, independientemente del grupo etáreo y condición socioeconómica; y potenciar el registro nacional de la discapacidad como agente facilitador para el acceso a beneficios y servicios tanto públicos como privados.

Finalmente, el grupo D desarrolló el tema de la autonomía en el ejercicio de los derechos y se propuso líneas de acción en tres ámbitos:
a) Acceso a la justicia: capacitar a funcionarios del poder judicial; tener equipos especializados y peritos de apoyo en cada comuna; y facilitar el acceso a la justicia, considerando que algunas personas con discapacidad profunda son interdictos.
b) Capacidad jurídica: respetar la capacidad jurídica (tutores y curadores); no priorizar los lazos parentales, sino considerar a quienes están realmente vinculados a las personas.
c) Derechos políticos: votos con foto del candidato y en sistema Braille; lugares de votación accesibles; cuotas para integrar el Congreso; participación en la discusión de políticas públicas (compromisos ministeriales).
d) Cambio cultural: la discapacidad dentro del enfoque de derechos humanos.

IMÁGENES DEL SEMINARIO