CÁMARA DEDIPUTADAS Y DIPUTADOS

Una positiva evaluación expresaron organizadores y asistentes respecto del debate público realizado hoy, entre las 9:00 y las 13:30 horas, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, respecto de la Tasa Máxima Convencional (TMC) aplicada en Chile, sus posibilidades de cambio, así como los efectos a corto y largo plazo que ello implicaría para el país.

El evento fue organizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y contó con las ponencias del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el ex Ministro de Hacienda, Hernán Büchi; Ricardo Villegas, en representación de las Cajas de Compensación; Gastón Bottazzini, representante del retail; Juan Cooper, representante de la banca; y el jefe de estudios del BCI, Jorge Selaive.

El presidente de la instancia, diputado Joaquín Godoy (RN), estimó que fue muy importante, antes de comenzar a legislar, a participar de un debate sobre la materia y analizar las muchas cosas que se pueden hacer para mejorar las condiciones de las personas, particularmente para que la gente tenga acceso a mejores créditos y mejores precios.

Dijo irse muy contento del encuentro porque permitió contrarrestar posiciones, aunque, en este plano, echó de menos la presencia de los hermanos Franco y Antonino Parisi, economistas que proponen un nuevo cálculo de la TMC, y del ex Ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

Sostuvo que, de las informaciones entregadas hoy, dan cuenta que no hay una fórmula mágica que permita solucionar el problema. Además, dijo que no quedó 100% seguro que bajar la TMC implicará un acceso de la gente a mejores tasas de interés, aunque sí estimó que se vislumbra la necesidad de impulsar algunas modificaciones como facilitar la movilidad dentro del sistema financiero y ampliar la información disponible.

Godoy valoró que la disposición del Gobierno a atacar el segmento donde están las tasas más altas (créditos bajo las 200 UF a más de 90 días), así como para avanzar en un sistema de consolidación de deuda.

“La gente que es buena pagadora tiene que acceder a mejores tasas y ese es el sentido del proyecto de ley, tenemos que además exigirles a los bancos y el sistema financiero que si vamos a entregarles mayores antecedentes se deben comprometer a tasas menores”, planteó.

Para el diputado Pablo Lorenzini (DC) fue relevante escuchar al Ejecutivo, así como a los principales actores del sistema financiero, pero dijo quedar un poco desilusionado con el tenor de las intervenciones, porque la mayoría de ellas no apoyaron una modificación a la TMC y estuvieron más por mantenerla.

“Un proyecto como éste lo voto negativo ya que es avalar lo que hay. No hay la intención de proteger al que no sabe, con una tasa máxima razonable. 45, 50 puntos, es el único país en el mundo que lo cobra. Por lo que hemos escuchado de los actores, sino hacemos eso queda el descalabro. Se acaban las tarjetas de crédito; se acaba el crédito de consumo y la gente que no tiene acceso nunca más va a tener crédito”, puntualizó.

Consideró que fue positivo conocer las distintas posiciones, pero planteó que, tras ello, se le reafirma más la voluntad de avanzar en el proyecto de ley que presentara junto al diputado Fuad Chahín y otros, que aplica el sistema de cálculo de la TMC de los hermanos Parisi y que la rebajaría a la razón de un 23 a 24%. “Dejar lo que está porque es bueno para todos parece un chiste”, insistió.

El diputado Miodrag Marinovic recalcó que con el presente debate se están haciendo cargo de un tema que va tomando mayor importancia en Chile y que abarca un marco mayor que el de la TMC, sino que implica a todo el sistema financiero y el mercado del crédito. “El financiamiento no es un tema simplemente de oferta y demanda, también hay aspectos políticos y sociales que considerar”, especificó.

Estimó que este tema requiere de consideraciones especiales y, en esta línea cuestionó la falta de una fiscalización efectiva del sistema tras los datos conocidos a raíz del caso La Polar. “¿Funcionó la Superintendencia de Bancos cuando desde el 2007 La Polar no entregaba su composición de ventas?”, interrogó.

Cabe resaltar que en el encuentro también participaron los diputados Fuad Chahín (DC), José Miguel Ortiz (DC), Alberto Robles (PRSD) y Carlos Recondo (UDI).

Primer Panel

Con el título ‘Aplicación de Tasas y su Justificación’ se desarrolló el primer panel, en el cual participaron Ricardo Villegas, Gastón Bottazzini y Juan Cooper, con el diputado Pablo Lorenizini como moderador.

Ricardo Villegas explicó que los componentes de la tasas de interés cobrada por las Cajas son: costo de fondo, gastos de administración y una estimación de “incobrables”. Sostuvo que dicha tasa depende de variables de mercado sujeta al rol social que cumplen estas instituciones y que se ubican, comparativamente, en un nivel más bajo que el del resto del mercado financiero, por lo cual una modificación en los parámetros de la TMC no les significaría un impacto.

Gastón Bottazzini defendió la mantención de los actuales niveles de la TMC, estimando que una reducción significativa limitaría el acceso al crédito a la población, particularmente de los sectores más riesgosos (los quintiles de menores ingresos), obligándolos a emigrar al mercado informal, y concentraría el mercado, al dificultar la construcción de cartera de empresas pequeñas. Además, planteó que la baja de tasas se produce por evolución natural del mercado y por reemplazo de productos hacia créditos prendarios.

Finalmente, Juan Cooper resaltó que la TMC fue un avance significativo para Chile y alertó, tal como el retail, que su reducción implicará la salida de un grupo importante de personas del sistema financiero formal. Informó que un 77% de los deudores del sistema bancario tiene deuda bajo las UF 200 y corresponde a personas de menores ingresos. Además, precisó que existe una relación inversa entre tamaño de crédito y tasa de interés.

Recomendó mantener el actual factor sobre interés corriente para el cálculo de la TMC; incorporar información de todos los agentes del mercado de consumo en el cálculo de la Tasa y en la información de riesgo; y promover la transparencia y la educación financiera, como vías para proteger a los consumidores.

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